Acuerdo 1-2025: qué cambia en la debida diligencia de personas expuestas políticamente

Por qué una guía de cargos cambia tu trabajo diario

Si eres oficial de cumplimiento en un banco, una financiera o una cooperativa panameña, ya conoces la sensación: un cliente nuevo llena su formulario, marca que no ocupa ningún cargo público relevante, y tú quedas con la duda razonable de si esa respuesta es completa. La figura de la persona expuesta políticamente, o PEP, vive justo en esa zona gris entre lo que el cliente declara y lo que la realidad institucional del país dice. El 11 de marzo de 2025 la Superintendencia de Bancos de Panamá publicó en la Gaceta Oficial 30233 el Acuerdo No. 1 de 2025, que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente. No es una norma que reinvente el régimen de prevención, pero sí aprieta una tuerca que muchos sujetos obligados venían dejando floja: la de identificar bien a quién le aplica la debida diligencia ampliada.

Vale la pena entender qué hace exactamente este acuerdo antes de traducirlo a tareas concretas, porque su valor está en el detalle. La guía cataloga, de manera ejemplificativa y no limitativa, los cargos que por su naturaleza califican a una persona como expuesta políticamente. Esa palabra, enunciativa, es la clave de todo el documento y la fuente de los errores más comunes que verás en una inspección.

Qué es una PEP y por qué se le mira distinto

Una persona expuesta políticamente, según el marco que arranca con la Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, es alguien que ejerce o ha ejercido funciones públicas prominentes de alto nivel, o con mando y jurisdicción dentro de un Estado u organismo internacional. Hablamos de jefes de Estado, ministros, magistrados, legisladores, altos mandos militares, directores de entidades estatales y figuras equivalentes, sean nacionales o extranjeros. La lógica detrás de la categoría no es presumir que toda PEP sea corrupta, sino reconocer que el cargo público de alto nivel concentra un poder de decisión, contratación y acceso a fondos que lo vuelve un vehículo atractivo para el lavado de activos, el cohecho y el desvío de recursos públicos.

Por eso a las PEP no se les aplica la debida diligencia básica que basta para un cliente de perfil ordinario, sino una debida diligencia ampliada o reforzada. Esto no es un trámite adicional cualquiera. El régimen panameño, desarrollado en el Acuerdo 10-2015 y normas conexas, exige que para una PEP el sujeto obligado obtenga la aprobación de la alta gerencia antes de abrir o mantener la relación, que identifique con cuidado especial el origen del patrimonio y la fuente de los fondos, y que mantenga un seguimiento continuo e intensificado de las operaciones durante toda la relación contractual. Dicho de otra forma: con una PEP no basta conocer al cliente al momento de abrir la cuenta, hay que seguir conociéndolo cada mes que pasa.

Qué introduce y qué ajusta el Acuerdo 1-2025

El aporte concreto del Acuerdo 1-2025 es resolver la pregunta operativa que más fricción genera en la práctica: ¿qué cargos cuentan como PEP? Antes de esta guía, cada institución interpretaba a su manera el concepto abstracto de función pública prominente de alto nivel, y esa interpretación variaba según el criterio del analista de turno. La Superintendencia ofrece ahora un catálogo de referencia que orienta de forma ejemplar los cargos que, por su sensibilidad en materia de prevención de blanqueo de capitales, deben tratarse como funciones prominentes y, por tanto, clasificarse como PEP.

Aquí conviene ser muy preciso para no afirmar de más. El acuerdo es una guía enunciativa, no una lista cerrada. Esto significa dos cosas que debes interiorizar. La primera, que si un cargo aparece en el catálogo, no tienes margen para discutir si la persona es PEP: lo es, y le corresponde la debida diligencia ampliada. La segunda, y más delicada, que el hecho de que un cargo no figure expresamente en la guía no te exime de evaluar si por su naturaleza equivale a una función pública prominente. La guía levanta el piso, no pone el techo. Un sujeto obligado que se escude en que tal puesto no estaba en la lista para no clasificar a un cliente como PEP está leyendo el documento al revés, y un supervisor se lo hará notar.

Es importante distinguir este acuerdo de la actualización normativa más amplia que vino después. En enero de 2026 la Superintendencia emitió el Acuerdo 1-2026, que moderniza de forma integral el régimen de prevención con un enfoque basado en riesgo y reemplaza disposiciones del Acuerdo 10-2015. La guía de cargos de 2025 y la modernización de 2026 apuntan en la misma dirección de subir el estándar técnico, pero el Acuerdo 1-2025 conserva su utilidad puntual como referencia de clasificación. Si no has confirmado el alcance exacto de cada artículo contra el texto oficial, no te apoyes en cifras o numerales de memoria: descárgalos directo del portal de la Superintendencia.

Las obligaciones prácticas que esto te deja sobre la mesa

Traducido a tu rutina, el régimen de PEP reforzado por esta guía se sostiene sobre tres pilares que tienen que funcionar juntos. El primero es la identificación correcta en el onboarding, donde debes contrastar lo que el cliente declara contra la realidad de los cargos públicos, cruzar la guía de la Superintendencia con tu propio criterio de funciones equivalentes y dejar registrado el porqué de la clasificación. El segundo es el monitoreo continuo, porque una persona puede no ser PEP el día que abre la cuenta y convertirse en una al asumir un cargo dos años después, o seguir siendo tratada como PEP durante el período razonable posterior a dejar el puesto; tu sistema tiene que detectar ese cambio sin esperar a que el cliente te lo cuente. El tercero es el mantenimiento del expediente, que debe demostrar ante una inspección que obtuviste la aprobación de la alta gerencia, que documentaste el origen del patrimonio y los fondos, y que el seguimiento intensificado realmente ocurrió y dejó rastro.

Conviene además recordar que la condición de PEP se extiende a los parientes cercanos y asociados conocidos de la persona, y que el deber de identificar al beneficiario final puede revelar una exposición política escondida detrás de una estructura societaria. Una verificación de PEP seria, por tanto, no se agota en buscar un nombre: cruza apellidos, vínculos, beneficiarios finales y la evolución de todo eso en el tiempo.

Por qué hacerlo a mano no escala

Aquí es donde la teoría choca con la realidad de tu equipo. Verificar una PEP de verdad implica revisar listados oficiales de cargos, contrastar contra listas restrictivas internacionales como las de OFAC, la ONU, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, y rastrear noticias adversas que sugieran riesgo reputacional o investigaciones en curso. Hacerlo a mano para un cliente es tedioso pero posible. Hacerlo a mano para una cartera de miles de clientes, y luego repetirlo de forma continua mes tras mes para detectar cambios, simplemente no escala. El analista se cansa, las búsquedas quedan inconsistentes según quién las haga, y el expediente que presentas en una inspección termina siendo un conjunto de capturas de pantalla sueltas sin trazabilidad. El monitoreo continuo intensificado que la norma exige es justamente lo que un proceso manual no puede sostener en el tiempo, porque depende de que alguien se acuerde de volver a mirar.

Ese es el problema que PEP Check fue diseñado para resolver. Es una herramienta de debida diligencia pensada para el contexto panameño que automatiza en una sola consulta la verificación contra personas expuestas políticamente de Panamá, el cruce con las listas restrictivas internacionales y la búsqueda de noticias adversas, alineada con lo que pide el Acuerdo 1-2025 y la Ley 23. En lugar de que tu analista hilvane búsquedas sueltas, obtienes un resultado consolidado y un registro fechado de cada verificación, que es precisamente la evidencia que un supervisor espera ver. Y como el riesgo no se congela el día del onboarding, el monitoreo recurrente te avisa cuando un cliente cambia de estatus, sin depender de que alguien recuerde revisarlo.

El Acuerdo 1-2025 no te pide hacer algo nuevo: te pide hacer bien algo que siempre estuvo en la norma, clasificar correctamente a tus PEP y sostener su debida diligencia ampliada en el tiempo. La diferencia entre cumplir y arriesgarte a una observación está cada vez menos en la voluntad y cada vez más en tener el proceso adecuado. Si quieres ver cómo se aplica a tu cartera, en sof-IA podemos mostrarte PEP Check funcionando con tus propios casos.